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Recurso. Образец Альмерия. Прислал Андрей

Recurso. Образец Альмерия. Прислал Андрей


 





MODELO RECURSO NACIONALIDAD. Адвокат

Procedimiento Ordinario .
Sobre Denegación Nacionalidad
 

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
 

DE LA AUDIENCIA NACIONAL
SECCION TERCERA

DOÑA..............., Procuradora de los Tribunales, designada de oficio para la representación de DON ..................mayor de edad, nacional de Ecuador, nacido el 11/11/1970, conforme se acredita con copia de la designación que se acompaña como documento nº 1 y dirigidos por la Letrado del ICAM, Elena Abella Díaz, Colg. nº 61.9__ ante esta Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

      Que me ha sido notificada Diligencia de Ordenación, por la que se acuerda la entrega del expediente administrativo a esta representación a efectos de que formule demanda en el plazo de veinte días. Dentro del mismo, por medio del presente, deduzco ESCRITO DE DEMANDA contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de Enero de 2007 (documento nº 2), por la que se desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 23 de Mayo de 2006, basada en los siguientes hechos y fundamentos de Derecho.
 

HECHOS 

  PRIMERO.- Don  ............... solicitó el 29 de Agosto de 2003 la nacionalidad Españolaante el Registro Civil de Cuenca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil. Su solicitud cumplía los requisitos exigidos por el artículo 220 del Reglamento de aplicación de la Ley del Registro Civil, aportando abundante documentación acreditativa de sus manifestaciones.

 Tanto el Ministerio Fiscal como posteriormente el Juez encargado del Registro Civil de Cuenca emiten un dictamen favorable, señalándose literalmente en el Auto dictado que:

 Hechos:“Segundo.- Que practicada la primera fase de instrucción del expediente, el conjunto de la prueba documental aportada e interrogatorio del promotor ha permitido acreditar la extranjería del mismo como Ecuatoriano, su buena conducta, su carencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua castellana, adaptación al estilo y modo de vida española, la posesión de medios de vida, su residencia en España desde el 22 de febrero de 2000 continua e inmediatamente anterior a la solicitud por espacio de tiempo superior a dos años sin que haya formulado oposición, habiéndose informado por el Ministerio Fiscal favorablemente”.

 Fundamentos Jurídicos: “Primero.- Que puestos en relación los anteriores presupuestos de hecho con los artículos 22 del Código Civil y concordantes de la Ley del Reglamento del Registro Civil, se advierte que cumple con los requisitos legales exigidos para acceder a lo solicitado”. (Folio 38 expediente administrativo).

 El 23 de Mayo de 2006 la Dirección General de los Registros y del Notariado dicta resolución por la que deniega la solicitud de nacionalidad en base a un único argumento “Que no ha justificado suficientemente buena conducta cívica, ya que según consta en la documentación que obra en el expediente tiene antecedentes de fecha 23/07/04 por apropiación indebida. El sobreseimiento de los mismos no justifica positivamente la buena conducta que el artículo 22.4 del Código Civil exige al solicitante”.

 No tiene en cuenta, a pesar de que la propia resolución lo menciona, el hecho de haberse producido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales conforme se acreditó con la abundante documentación al respecto que aportó en su día el interesado y que obra en el expediente (folios 47 a 75). Destacar el Auto de archivo obrante en el folio 75 que establece literalmente en su único fundamento jurídico:

“ De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”. SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO DE LA PRESENTE CAUSA.

 Al día de la fecha no se han producido nuevas actuaciones conforme acreditamos con el certificado emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Cuenca que señala que el Auto de Archivo de 13 de Septiembre de 2005 al que se ha hecho referencia es firme. (Documento nº 3.)

 Tampoco tiene en cuenta la Resolución ni el certificado de antecedentes penales en España aportado por Don .......... en el momento de solicitar la nacionalidad en el que claramente se refleja que no constan antecedentes (folio 4), ni el certificado igualmente negativo, de carecer de antecedentes penales en su país.

 SEGUNDO.- Contra la mencionada resolución se interpone el 11 de Septiembre de 2006 recurso de reposición (folio 7 del expediente). En el mismo no sólo se acredita documentalmente el hecho de carecer de antecedentes penales, sino además el haber solicitado la cancelación de antecedentes policiales que pudiera tener como consecuencia de su detención (documento nº 2 del recurso de reposición). En el escrito se reiteran las manifestaciones que evidencian que Don ......... cumplía todos los requisitos exigidos para la concesión de la nacionalidad (arraigo, residencia interrumpida, medios de vida etc…).

 El recurso es desestimado por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 23 de Enero de 2007-12-21 utilizando como argumento el hecho de que el “…solicitante tuvo abiertas diligencias previas por estafa y apropiación indebida. La gravedad de los hechos sobre los que no ha recaído una resolución judicial definitiva y su proximidad con el momento de ratificación en su solicitud de nacionalidad aconsejan extremar la prudencia al valorar el requisito de la buena conducta cívica, ya que ha despertado inquietud en los medios encargados de velar por la seguridad ciudadana por mantener un comportamiento que pudo rayar en lo delictivo”.

 Contra la mencionada resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo dentro del plazo conferido al efecto. 

 TERCERO.- Mi representado solicitó la obtención de la nacionalidad cumpliendo todos los requisitos exigidos en los artículos 21 y 22 del Código Civil y concordantes del Reglamento del Registro Civil, sin que el hecho de que se incoaran actuaciones penales que finalmente fueron sobreseídas, puedan considerarse como tachas que empañen la imagen del comportamiento cívico del recurrente, puesto que lo que exige el art. 22 del Código Civil es que el solicitante justifique positivamente que su conducta es conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles según el estándar medio al que alude la abundante doctrina del Tribunal Supremo. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

A)   DE DERECHO PROCESAL

 1.- Jurisdicción:
Corresponde al órgano al que me dirijo en virtud de los artículos 4, 9.4 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder judicial.

  2.- Competencia:
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en virtud del artículo 66 de la L.O.P.J. y artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

3.- Legitimación de las partes:
La tiene activa mi representado conforme al artículo 19.1 apartado a) de la Ley 13 de julio de 1.998, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, por tener interés directo en este procedimiento, al haber sido denegada su solicitud de concesión de nacionalidad por residencia.

 La tiene pasivael Ministro de Justicia a tenor del artículo 21.1 apartado a) de la misma norma legal, por ser la Administración de la que proviene el acto al que se refiere el presente recurso.

 4.- Postulación:
La parte actora actúa representada por Procurador de los Tribunales y dirigida por Abogado en ejercicio, ambos designados por el Turno de Oficio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 5.- Impugnabilidad del acto recurrido:
Resulta impugnable el acto recurrido, Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de Enero de 2007, en virtud del artículo 25.1 de la norma reguladora de esta jurisdicción, por tratarse de acto que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el apartado c) del artículo 109 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de Noviembre.

 B)   DE DERECHO MATERIAL
1.- Del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento de Aplicación de la Ley del Registro Civil.

La solicitud presentada por .............. fue efectuada al amparo de lo dispuesto en los artículos 220 y 221 del Real Decreto 3455/1977 que regula y desarrolla los requisitos necesarios para la obtención de la nacionalidad por residencia.

 En la solicitud debe indicarse:
-         Si está procesado o tiene antecedentes penales, indicando la causa y la pena.

Mi representado carece de antecedentes penales tanto en España como en su país Ecuador, tal y como se acreditó con las certificaciones emitidas por el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. Solicitándose la cancelación de los antecedentes policiales.

 - La residencia en territorio español, con precisión de fechas y lugares.

Don .......... llevaba residiendo en España desde el 22 de Noviembre de 2000 de forma continuada y permanente. Se aportó certificado de la Dirección General de la Policía referido al tiempo de residencia en España. El 31 de Enero de 2007 renovó su permiso de residencia, sin que en ningún momento las actuaciones judiciales que resultaron sobreseídas hayan sido consideradas por la autoridad administrativa a la hora de conceder la renovación, concediéndose permiso de residencia permanente  (Se adjunta como documento nº 3 copia de la tarjeta de residencia de mi representado). 

 - Las circunstancias que reducen el tiempo de residencia exigido; si habla castellano; cualquier otra adaptación a la cultura y estilo de vida españolas, como estudios, actividades benéficas…

Mi representado acreditó documentalmente su integración en el territorio español, así como el hecho de que su nacionalidad ecuatoriana le permitía beneficiarse de la reducción del tiempo de residencia exigido por el Código Civil.

 - Si se propone residir permanentemente en España, medios de vida con que cuenta y religión que, en su caso, profesa.

 El solicitante aportó copia de su contrato de trabajo indefinido en la empresa hostelera y restauración ..........

 Se cumplían por tanto los requisitos establecidos legalmente para la concesión de la nacionalidad, y así se estimó por el Juez instructor del procedimiento tal y como se ha expuesto con anterioridad.

 2.- Acreditación de Buena Conducta Cívica.
Establecen los artículos 21 y 22 del Código Civil los requisitos necesarios para la concesión de nacionalidad por residencia, existiendo dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un años según los casos; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional.

 Los primeros no plantean problemas en el presente caso, pues mi patrocinado puede acogerse al plazo de reducción de dos años que se establece para los nacionales de origen de países iberoamericanos, llevando residiendo de forma continuada en España desde el año 2000.

     En cuanto a los segundos, por su naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, sin que quepan soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así lo ha declarado la Sentencia de 24 de abril de 1999 EDJ 1999/17301 que señala que: “En la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que se viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. La Sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión “stricto sensu”sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

Don ............ solicitó la concesión de nacionalidad por residencia amparándose en sus circunstancias personales, cumpliendo todos los requisitos exigidos incluyendo la justificación de buena conducta cívica. Pero sin embargo la Administración denegó su solicitud en base a la existencia de unas diligencias previas que habían sido objeto de un auto de sobreseimiento y sobre las que nada se ha actuado hasta el día de la fecha, sin tener en cuenta que el interesado lleva residiendo en España desde el año 2000, que ejerce una profesión cumpliendo sus deberes fiscales, que ha renovado recientemente su permiso de residencia, sin que la Delegación de Gobierno le haya puesto obstáculo alguno, concediéndosele permiso de residencia permanente, y que su comportamiento ha sido en todo momento cívico e intachable. En definitiva la administración no ha tenido en cuenta las circunstancias particulares de mi representado tal y como exige la jurisprudencia. 

La resolución que por medio del presente escrito se recurre denegó la solicitud de residencia de mi representado por considerar que el mismo no había justificado lo suficiente buena conducta cívica, de ahí que nos veamos en la necesidad de analizar este concepto jurídico indeterminado.

La valoración de la buena conducta cívica ha sido analizada por el Tribunal Supremo que ha sentado una doctrina que podemos resumir en los siguientes términos:

 1.- La concesión de la nacionalidad española por residencia es un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía del Estado y supone el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones, otorgamiento condicionado al cumplimiento por el solicitante de determinados requisitos. Entre estos, el artículo 22 del Código Civil exige que el peticionario de nacionalidad acredite positivamente la buena conducta cívica (SSTS de 13 y 20 de abril, 9 y 23 de septiembre, 6 de noviembre y 25 de diciembre de 2004, y 11 de octubre y 25 de septiembre de 2005).

 2.- Para el reconocimiento de la buena conducta cívica no basta la inexistencia de constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que “per se” impliquen mala conducta, ya que lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante de nacionalidad justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España, y aún antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87 (SSTS de 13,20,22 y 23 de abril, 8 y 15 de julio, 9 y 23 de septiembre, 11 de octubre, 6 de noviembre y 25 de diciembre de 2004, y 11 de octubre y 25 de septiembre de 2005).

 La aplicación de esta doctrina jurisprudencial en el presente caso exige considerar las particulares circunstancias del mismo consistentes en que la resolución denegatoria de la concesión de la nacionalidad se fundamentó en la existencia de unas actuaciones penales que fueron sobreseídas, sin que de las mismas resultase consecuencia punitiva alguna para mi representado, así como el hecho de que en el acto de comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil, este apreció que: “se ha permitido acreditar la extranjería del mismo como Ecuatoriano, su buena conducta, su carencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua castellana, adaptación al estilo y modo de vida española, la posesión de medios de vida, su residencia en España desde el 22 de febrero de 2000”, habiéndose acreditado igualmente un medio de trabajo así como la renovación de su permiso de residencia por la autoridad administrativa.

3.- Nada tiene que ver el concepto jurídico indeterminado “buena conducta cívica” con carencia de antecedentes penales, ya que la buena conducta cívica constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no transgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad española por residencia y por ende, envuelve aspectos que trascienden los de orden penal, no pudiendo identificarse, sin más, con la ausencia de antecedentes penales o policiales (SSTS de 6 de marzo de 1999, 23 de abril, 8 de noviembre y 15 de diciembre de 2004, y 28 de diciembre y 11 de octubre de 2005).

De contrario los antecedentes policiales y penales, con independencia de su cancelación, son meramente un indicador cualificado de la conducta de un ciudadano, sin que puedan ser, por si solos, un obstáculo para la concesión de la nacionalidad española (Sentencia del TS de 5 de noviembre de 2001 Rec. Casación nº 5912/1997).

 4.- El concepto de “buena conducta cívica” se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos, marcados explícita o implícitamente por el legislador, siendo exigible al sujeto solicitante de la nacionalidad, a consecuencia del “plus” que contiene el acto de su otorgamiento, enmarcable dentro de los “actos favorables al administrado”, un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pueda cuestionar el concepto de bondad, como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española (SSTS de 13, 20, 22 y 23 de abril, 9 y 23 de septiembre, 6 de noviembre y 25 de diciembre de 2004, y 11 de octubre y 25 de septiembre de 2005).

 5.- Los cambios en la estimativa de valores introducen un factor de dificultad para el Juez que ha de definir lo que en un determinado momento de la historia deba entenderse por buena conducta cívica. Y por eso importa dejar claro que este sintagma que emplea el artículo 22.4 del Código Civil remite a un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y cualquier individuo. Un estándar que vale para todos y vale para cada uno. En el bien entendido de que no se trata de imponer un modo de vida uniforme en la comunidad nacional, ni de quien utiliza esta vía de adquisición de la nacionalidad española tenga que demostrar que durante toda su vida ha observado una conducta intachable, sino de proclamar que, siendo cada sujeto humano libre para organizar su vida como le plazca- la vida se nos da, pero no se nos da hecha: tenemos que hacérnosla-, quienes, no siendo españoles, deseen obtener nuestra nacionalidad, han de haber llevado y seguir llevando una vida ajustada a ese estándar medio de conducta al que acabamos de referirnos (SSTS de 12 de noviembre de 2002, 22 de abril y 15 de noviembre de 2004 , y 20 de septiembre de 2005).

 6.- El concepto jurídico indeterminado “buena conducta cívica” deber ser valorado por la Administración y, en su caso, por el órgano jurisdiccional que conozca de la materia en vía de recurso contencioso, mediante el examen de la trayectoria personal del demandante de nacionalidad, considerando aquélla en su conjunto y en modo alguno en relación a un periodo de tiempo predeterminado (SSTS de 16 de marzo de 1999, 22 de abril, 8 y 30 de noviembre de 2004), valorando la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo en España (SSTS de 6 de marzo de 1999, 22 y 23 de abril, 8 de noviembre y 15 de diciembre de 2004, y 28 de septiembre y 11 de octubre de 2005).

 Volver a señalar que mi representado ha mantenido una trayectoria personal intachable tanto en España como en Ecuador, como lo demuestra la carencia de antecedentes penales en ambos países. 

 7.- Cuando el Código Civil remite al intérprete a la buena conducta cívica como parámetro para resolver si procede o no acceder a la pretensión de que se conceda la nacionalidad española a un extranjero por causa de residencia, está desplazando hacia el solicitante la carga de probar que viene observando una conducta de tales características, con lo que está imponiendo al Juez el deber de averiguar si, a la vista de las pruebas que tiene que aportar el interesado, hay razón suficiente para entender que viene observando esa buena conducta cívica cuya ausencia opera como obstáculo impeditivo de la concesión de la nacionalidad (STS de 15 de diciembre de 2004). En definitiva, pesa sobre el solicitante de la nacionalidad la carga de probar su buena conducta cívica, ahora bien, el informe del Juez encargado del Registro Civil apreciando la buena conducta cívica impone a la Administración la carga de probar la no concurrencia de esa buena conducta para denegar la concesión de la nacionalidad española (SSTS de 13 de septiembre de 2006 y 7 de febrero de 2007).

 Reiterar que tanto el Ministerio Fiscal como el Juez del Registro Civil de Cuenca realizaron un informe favorable con respecto a la solicitud de mi representado considerando que existía una buena conducta cívica.

 Partiendo por tanto de esta valoración del término “buena conducta cívica” y teniendo en cuenta las circunstancias personales de Don .......... relatadas a lo largo del presente escrito, podemos manifestar que el mismo ha mantenido una buena conducta cívica durante su residencia en España a los efectos del reconocimiento de la nacionalidad, pues si bien es cierto que fue se le imputó un presunto delito de estafa y apropiación indebida, estas diligencias fueron sobreseídas el 13 de Septiembre de 2005 en Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cuenca, de conformidad con lo establecido en el artículo 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“cuando no resulte debidamente justificad la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa”). El sobreseimiento provisional ha sido interpretado por la más reciente jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 20-9-2006 EDJ 2006/278489) como el equivalente a un sobreseimiento libre a los efectos del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, equivalencia trasladable al presente caso, de manera que la detención por un presunto delito de estafa y apropiación indebida y la subsiguiente apertura de la correspondiente causa penal no pueden considerarse como tachas que empañen la imagen del comportamiento cívico del demandante a los efectos de negar la concurrencia del requisito de la buena conducta cívica.

 En conclusión, carecen de toda relevancia a efectos de la acreditación del requisito de la buena conducta cívica las actuaciones judiciales que resultaron sobreseídas y que no han sido consideradas para la renovación ulterior de su permiso de residencia por la autoridad administrativa. A ello hay que unir las afirmaciones realizadas por el Juez encargado del Registro Civil de Cuenca, que consideró justificada la buena conducta cívica de mi representado, y es por todo ello por lo que Don ............... merece ser acreedor de la concesión de la nacionalidad Española. 

 El solicitante cumple los requisitos establecidos por el Código Civil para la concesión de la nacionalidad por residencia, negarle este derecho supone una vulneración de un derecho fundamental.

Por cuanto antecede,

SUPLICO A LA SALA que por presentado en tiempo y forma este escrito y copia de todo ellos, se sirva admitirlo, y tenga por formalizada, en tiempo y forma DEMANDA de Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución desestimatoria del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 23 de Mayo de 2006 por la que se acuerda desestimar la solicitud de nacionalidad de residencia formulada por Don ............., acordándose la revocación de la resolución recurrida y la concesión de la nacionalidad Española.

 PRIMER OTROSI DIGO que interesa al derecho de esta parte el recibimiento del juicio a prueba y de conformidad con lo que dispone el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se hace constar que la misma versará sobre los siguientes extremos:

 Documental, consistente en que se tengan por aportados los documentos que se acompañan a la presente demanda y se de por reproducida la documentación obrante en el expediente administrativo, que para el caso de ser recurrida por el Sr. Abogado del Estado, esta parte solicita su cotejo con los originales.

 SUPLICO A LA SALA, que tenga por propuesta la prueba que se articula en el apartado anterior a los efectos oportunos, la admita y acuerde el recibimiento del pleito a prueba en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO OTROSI DIGO, que de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 de la LJCA, intereso para el momento procesal oportuno que se acuerde el trámite de conclusiones escritas.

 SUPLICO A LA SALA.- Tenga por interesado el trámite de conclusiones escritas, para el momento procesal que proceda.

 TERCER OTROSI DIGO que el expediente administrativo es devuelto por esta parte junto con el presente escrito de demanda.

 SUPLICO A LA SALA  tenga por devuelto dicho expediente.

CUARTO OTROSI DIGO que a los efectos oportunos manifiesto que la cuantía del presente recurso es indeterminada.

SUPLICO A LA SALA tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos.

Es Justicia que respetuosamente para principal y otrosíes que se solicita en Madrid a 29 de diciembre de 2007.

 Fdo. Elena Abella Díaz.                            Fdo. ..................

Abogado. Clgdo. 61.933                                          Procurador

 





MODELO DE RECURSO REAGRUPACION FAMILIAR. Адвокат.

 MODELO DE RECURSO DE REPOSICION FRENTE A LA DENEGACION DE LA SOLICITUD DE REAGRUPACION FAMILIAR 
A LA DELEGACION DE GOBIERNO DE MADRIDSECRETARIA GENERAL AREA DE TRABAJO E INMIGRACION

 
DON................, mayor de edad, de nacionalidad Peruana, residente legal en España con NIE..............  y domicilio a efectos de notificaciones en la C/ .............(Madrid), ante este órgano administrativo comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

EXPONGO 

Que se me ha notificado el pasado 7 de marzo de de 2011 Resolución de la Delegación de Gobierno de Madrid de fecha 2 de marzo del mismo año por la que se me deniega la solicitud de reagrupación familiar a favor de mi esposa DOÑA ................, y es por ello que por medio del presente escrito, y dentro del plazo de un mes establecido al efecto, vengo a interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra la mencionada resolución (se aporta como documento número 1 copia de la misma), por no encontrarla ajustada a Derecho en base a las siguientes: 

ALEGACIONES 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de Agosto de 2010 inicie los trámites para solicitar la autorización inicial de residencia por reagrupación familiar a favor de mi esposa Doña............ , conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y siguientes del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

Se acompaña como documento nº 2 copia de la solicitud y como documento nº 3 copia del resguardo del pago de las tasas correspondientes. 

Tras la presentación de la solicitud se me requirió para que en un plazo de diez días subsanase la misma aportando copia de mi Declaración de la Renta así como Certificado de mi cuenta bancaria, requerimiento efectuado el 24 de Agosto de 2010. Documento nº 4.
 
SEGUNDO.- Que en fecha 7 de marzo de 2011 se me notifica Resolución dictada por la Delegación de Gobierno de Madrid por la cual se acuerda denegar la solicitud de reagrupación familiar solicitada por considerarse que no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2000, así como los artículos 38 y siguientes del Real Decreto 2393/2004. Señalándose literalmente: 

 

“NO ACREDITAR- Medios de vida fijos y regulares suficientes del reagrupante para su manutención y de de los miembros de su familia durante el último año de residencia.- Disponer de vivienda adecuada, contrato de arrendamiento donde figuran dos coarrendatarios, conviven unidades familiares diferentes.
 
Evidentemente la Resolución no se ajusta al caso concreto tal y como pasaré a desarrollar a continuación, pues desestima la solicitud de reagrupación instada en base a unas alegaciones carentes de motivación y manifiestamente falsas. 

TERCERO.- Es preciso hacer un análisis de la normativa invocada de contrario y en la que se basa la resolución recurrida.

 En relación a la acreditación de medios económicos, el artículo 18 de la Ley Orgánica establece en su apartado segundo: 

Art.18.2 “El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada. 

En la valoración de los ingresos a efectos de reagrupación, no computarán aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con el reagrupante”. 

La Ley se remite al reglamento que será el encargado de desarrollar cómo deben acreditarse esos medios económicos para mantener a la familia, limitándose a señalar que para valorar los ingresos no se tendrán en cuenta los percibidos por las ayudas sociales, pero si los aportados por el cónyuge que resida en España con el reagrupante. 

Es necesario por tanto acudir al reglamento de desarrollo para determinar ¿cómo acreditar los ingresos económicos y qué se considera cómo suficientes para el mantenimiento de la familia?. Sin embargo el artículo 42 del Real Decreto 2393/2004 que regula el procedimiento para la reagrupación familiar, en su apartado d) se limita a repetir lo establecido por la Ley realizando una nueva remisión. 

Art. 42 d) “…..Mediante orden del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, se determinará la cuantía de los medios de vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar su posesión, teniendo en cuenta el número de personas que pasarían a depender del solicitante a partir de la reagrupación”. 

La orden a la que el Reglamento hace referencia no establece ningún tipo de baremo económico ni criterio en relación con los recursos económicos, de ahí que deba estarse al caso concreto y actuar conforme a la lógica y el sentido común, algo que lamentablemente la administración no ha hecho en el presente caso. 

Llevo residiendo en España de forma legal desde hace 7 años conforme acredito con copia de mi pasaporte documento nº 5, durante todos estos años he trabajado y cotizado a la seguridad social, trabajando en la actualidad como camarero en la empresa “.................” con un sueldo de 1.022 euros al mes más dos pagas extraordinarias, adjunto como documentos nº 6 a 8 contrato de trabajo permanente así como nóminas de Diciembre de 2010 y Enero de2011. Me encuentro completamente integrado en la sociedad Española cumpliendo con mis obligaciones tributarias conforme acredito con copia de mi Declaración de la Renta documento nº 9. 

En su momento se aportó ésta documentación junto con la solicitud, sin embargo la administración no la ha valorado ni tenido en cuenta pues manifiesta que carezco de medios de vida fijos y regulares, manifestaciones completamente falsas, ya que tal y como se ha acreditado cuento con un trabajo estable, siendo titular además de un permiso de residencia y trabajo permanente lo que por si sólo pone de manifiesto que mi situación económica afortunadamente es buena y se asemeja a la de muchas familias Españolas. Se acompaña como documento nº 10 copia de mi tarjeta de residencia. 

Hay que tener en cuenta además otro dato que la administración parece obviar por completo, y que tras la reciente modificación de la ley de extranjería los familiares reagrupados obtendrán un permiso de residencia y trabajo lo que significa que en el momento en el que mi esposa resida en España podrá trabajar y nuestra economía mejorará notablemente. 

En definitiva, la administración no puede tal y como ha hecho en el presente caso desestimar mi solicitud sin entrar a valorar mis circunstancias personales, máxime cuando en la actualidad no existe baremo alguno que determine la cantidad exacta a percibir para reagrupar a un familiar. 

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, señalar entre otras la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 15 de Diciembre de 2009 que señala:

“Del contenido de dicho precepto y de la sentencia apelada, destacan dos cuestiones, la primera, que no se alude en ningún momento a la Orden del Ministerio de la Presidencia que determine los medios de vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar su posesión, así como tampoco la resolución administrativa recurrida alude a dicha Orden y tampoco el Abogado del Estado la menciona, sin que para este Ponente haya sido posible localizar en las bases de datos disponibles, la mencionada Orden, lo que lleva a la conclusión de que la misma no existe; en segundo lugar, en cuanto a la sentencia apelada, la misma se limita a señalar que no se estiman acreditados en las actuaciones los recursos económicos suficientes para que la reagrupante pueda hacerse cargo de su madre y de su hija menor de edad en estos momentos y que, según la documentación aportada, convive con la madre de la reagrupante en Colombia, no con el padre, el cual ha accedido a atribuir la custodia de la hija a la madre en interés de la menor; la realidad es que ni la sentencia, ni la resolución administrativa recurrida concretan en modo alguno cuáles son exactamente las circunstancias de la interesadas que le impiden cumplir con el requisito legal indicado.

La inexistencia de la mencionada Orden o, al menos, la falta de alegaciones en relación a la misma y la imposibilidad para localizarla, determina que no basta en ningún caso con una mención genérica sobre la insuficiente de recursos económicos , han de analizarse en detalle las circunstancias de cada caso concreto, lo que no se ha llevado a cabo en el presente caso…. 

Por tanto, y en criterio del tribunal, el nivel de ingresos económicos y de consumo medio del país no permite afirmar, sin más, que la división de tales ingresos absolutos por el número de miembros de la familia que va a resultar de la reagrupación equivale a colocar a ésta en un supuesto de pobreza moderada para el caso de que los ingresos de uno de los progenitores (quien pide la reagrupación de su mujer e hijos) sea el de 1272 euros al mes. Estos ingresos son los absolutamente habituales en muchísimas familias españolas donde sólo uno de los padres desarrolla una actividad laboral. Y por el hecho de éstas tener tres hijos menores de edad como es el caso de aquélla constituida por D. Marcos y Dª Consuelo, el núcleo familiar no se coloca en un supuesto de pobreza moderada”.


CUARTO.- El otro motivo alegado por la Resolución para desestimar mi solicitud de reagrupación es el referente a mi vivienda, señalándose que no se ha acreditado que disponga de vivienda adecuada ya que en el contrato de arrendamiento figuran dos coarrendatarios lo que evidencia que conviven unidades familiares diferentes. 

El Real Decreto 2393/2004 en el que se ampara la Resolución recurrida para desestimar la solicitud planteada recoge en el artículo 42 el procedimiento para la reagrupación familiar regulando en su apartado 2.e) la documentación a aportar para acreditar que el solicitante dispone de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y su familia. 

Señalándose de forma literal: 

Art. 42. e): “Justificación documental que acredite la disponibilidad por parte del reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y la familia. 

Este requisito deberá justificarse mediante informe expedido por la Corporación Local del Lugar de residencia del reagrupante. En el plazo máximo de quince días desde la solicitud, la Corporación deberá emitir el informe y notificarlo al interesado y, simultáneamente y por medios telemáticos cuando fuera posible, a la autoridad competente para resolver la autorización de reagrupación. 

Subsidiariamente, podrá justificarse este requisito presentado acta notarial mixta de presencia y manifestaciones en caso de que la Corporación local no hubiera procedido a emitir el informe de disponibilidad de la vivienda en el plazo indicado, lo que será acreditado con la copia de la solicitud realizada”. 

Se aportó junto con la solicitud el Informe expedido por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes donde resido, cumpliendo por tanto el requisito específico recogido en la normativa. Acompaño como documento nº 11 el citado informe. 

En el mismo se recoge el precio del alquiler y el hecho de que comparto la vivienda con otra persona y la hija de ésta. Se hace una descripción de la vivienda (metros cuadrados, número de habitaciones, enseres etc…) y una valoración de mi situación socio-económica (situación personal, ingresos, asistencia sanitaria etc…). El informe concluye con una valoración profesional que de forma literal establece: 

“REALIZADA VISITA A DOMICILIO Y COMPROBADA DOCUMENTACION, VALORAMOS QUE EL SOLICITANTE LLEVA 5 AÑOS EN ESPAÑA Y ESTA INTEGRADO DE PLENO DERECHO EN NUESTRO PAIS. 

LA VIVIENDA REUNE CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CRITERIOS DE IDONEIDAD”. 

La resolución recurrida resta sin embargo todo tipo de valor al informe emitido por el Ayuntamiento actitud carente de sentido y totalmente inmotivada, pues es la propia normativa la que establece que éste es el órgano competente para realizar dicha valoración. 

Pero es más, mi solicitud de reagrupación se ha desestimado basándose en el incumpliendo de unos requisitos que no son exigidos por la normativa, pues ni la Ley Orgánica ni su Reglamento de desarrollo contemplan en ninguno de sus artículos la necesidad de aportar un certificado individual y mucho menos el hecho de poder desestimar una solicitud por que en la vivienda viva un número determinado de personas. 

El Real Decreto anteriormente mencionado, establece en el artículo 42.2 e) párrafo tercero el contenido del informe o acta notarial: “En todo caso, el informe o acta notarial debe hacer referencia a los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento”. 

Tal y como se ha manifestado y acreditado el informe emitido por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes contenía todas las exigencias requeridas por la normativa. 

QUINTO.- Evidentemente la resolución no es más que un mero formulario que no se ajusta al caso concreto, pues en todo momento he cumplido con los requisitos exigidos por la normativa, no pudiendo la administración ampararse en argumentos inmotivados y restar valor a documentos oficiales, como hace con el Informe emitido por el Ayuntamiento, para desestimar una solicitud de reagrupación familiar. 

La administración no sólo no ha acreditado que no disponga de una vivienda adecuada, sino que además no ha razonado porque resta cualquier tipo de da valor al informe realizado por el Ayuntamiento; pues en el caso de tener alguna duda sobre estos hechos debería haber acordado y practicado las pruebas pertinentes en orden a desacreditar el informe de la corporación local y demás documentos presentados, y sin embargo no lo ha hecho 

Destacar por la similitud con el presente caso la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de 12 de Febrero 2010. 

“Se trata seguidamente de enjuiciar si es cierto o no que el solicitante dispone en el momento de la solicitud y tramitación del presente expediente de una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de su hija que pretende reagrupar. La Sala tras valorar la totalidad de los documentos aportados por el apelante tanto al expediente como al presente recurso en su primera como en la segunda instancia, considera probado, en contra del criterio sostenido por la sentencia de instancia y por la Administración, que el apelante si tiene esa disponibilidad de vivienda . Esta disponibilidad ya la acreditaba por sí mismo el informe elaborado por la Gerencia Municipal de los Servicios Sociales, como así lo exige el art. 42.2.e) del Reglamento de Extranjería; pero es que además su contenido no ha resultado desvirtuado por ningún otro medio probatorio cuya práctica haya sido ordenada por la Administración ni durante la tramitación del expediente administrativo ni tampoco durante el presente procedimiento judicial. Y no solo eso sino que la acreditación de dicho extremo resulta más evidente si el contenido de dicho informe, que a juicio de la Sala cumple con detalle y escrupulosamente lo exigido para el mismo en dicho precepto, se pone en relación con el contenido arrojado por otros documentos presentados por el solicitante, así el contrato de arrendamiento, su volante de empadronamiento y el volante de empadronamiento del arrendador, así como otros documentos bancarios que acreditan que el domicilio del solicitante radica en el núm. NUM000, piso NUM001, NUM002) de la CALLE000 de la ciudad de Burgos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

SOLICITO: Que se tenga por interpuesto el presente escrito con los documentos adjuntos, se sirva admitirlo y tener por interpuesto RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION, frente a la resolución de fecha 2 de marzo de 2011, por la que se deniega la autorización de residencia temporal por reagrupación temporal formulada a favor de mi esposa Doña................ y previa la tramitación legal que corresponda, sea dictada resolución por la que se acceda a conceder la solicitud de reagrupación solicitada. 

En Madrid a 6 de abril de 2011 
 





No lucrativa, внеочередное подтверждение обеспеченности

No lucrativa, внеочередное подтверждение обеспеченности. Образец письма.  

 




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